Desde hace ya unos años, existe en nuestro país una concepción generalizada acerca del empleo sumergido, al considerarse que de no existir el empleo irregular, las protestas y manifestaciones serían más numerosas y se producirían con mayor frecuencia, ya que los que ahora perciben ingresos “en negro” y no protestan por no tener dificultades económicas, al dejar de tenerlos se lanzarían contra los gobernantes, en señal de lógica protesta.
Debemos recordar que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado para el periodo 2012-2013, tuvo como objetivos:
- Impulsar el afloramiento de la economía sumergida, a fin de regularizar las condiciones de trabajo y obtener más recursos económicos, por el pago de cotizaciones sociales.
- Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo.
- Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones, particularmente en los supuestos en que se constituyen empresas ficticias creadas para defraudar a la Seguridad Social.
- Identificar situaciones fraudulentas en el acceso y la percepción de otras prestaciones de la Seguridad Social , principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas.
Conocidos los datos del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social , podemos afirmar que el empleo irregular es real y alarmante, al aflorar 91.470 empleos sumergidos durante el año 2012. De las inspecciones realizadas, gran parte de ellas estuvieron centradas en las prestaciones por desempleo, detectándose un aumento del 50% en las infracciones por percepción indebida.
Según los datos anunciados por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, se duplicaron el número de inspecciones para detectar empresas ficticias, que se crearon con el único fin de proporcionar el acceso indebido a prestaciones, descubriéndose 1.559 infracciones.
Como consecuencia de lo anterior la Tesorería General de la Seguridad Social anuló 730 inscripciones de empresas y 44.262 altas falsas de empleados que iban a obtener indebidamente prestaciones.
Creo que los datos aportados sobre el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social son una muestra que prueba la evidente existencia de empleo sumergido en nuestro país y confirma el porqué de su creencia.